CATEGORÍA
Desconfianza institucional agudiza la crisis de desapariciones en SLP
16 de Junio 2025 | Plano Informativo
San Luis Potosí, SLP.- En San Luis Potosí, la búsqueda de personas desaparecidas no solo enfrenta el dolor de la ausencia, sino también el obstáculo más profundo, el abandono institucional. Según datos del colectivo “Voz y Dignidad por los Nuestros”, encabezado por Edith Pérez Rodríguez, la mayoría de los casos de desaparición en el estado ni siquiera llegan a conocimiento oficial. La razón, aseguran, es tan clara como alarmante, -el miedo y la desconfianza en las autoridades.-
Solo una de cada tres familias opta por formalizar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El resto calla, no por indiferencia, sino por terror a las represalias, la revictimización o simplemente porque el sistema les ha dejado claro que no obtendrán respuestas.
“Por cada familia que se atreve a levantar la voz, hay al menos dos que prefieren guardar silencio. No por resignación, sino porque denunciar puede costarles la seguridad, o incluso la vida”, explica Pérez Rodríguez.
En lugar de garantizar justicia, la respuesta institucional ha generado un entorno hostil. Testimonios recabados por colectivos de búsqueda, las familias se enfrentan a ministerios públicos que minimizan sus denuncias, les hacen esperar semanas sin avances o, peor aún, las tratan con desprecio o sospecha.
Las regiones más afectadas —como Villa de Reyes, Ciudad del Maíz, Tamazunchale y Villa de Arista— registran una constante, familias que buscan apoyo para encontrar a sus seres queridos, pero que insisten en evitar cualquier contacto con las instancias oficiales.
La Fiscalía, dicen los colectivos, no solo carece de un enfoque sensible hacia las víctimas, sino también de los recursos y la voluntad para investigar de forma efectiva. Esto, combinado con una Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha sido señalada por su inacción, genera un círculo de impunidad.
La denuncia más constante de los colectivos es clara, la carga de la búsqueda ha caído sobre los hombros de las familias. Sin apoyo psicológico, sin vehículos oficiales, sin acompañamiento legal o seguridad, los familiares se han convertido en investigadores, rescatistas y defensores por necesidad.
“Antes al menos había algo de respaldo. Hoy ni eso. Las familias tienen que poner sus propios medios para buscar. ¿Cómo exigirle a una madre que denuncie, si ni siquiera hay quien la proteja después?”, cuestiona la activista.
Las carencias materiales son tan graves como la falta de voluntad política. “Voz y Dignidad” ha solicitado sin éxito la creación de una visitaduría especializada en desapariciones dentro de la CEDH, con personal y presupuesto adecuados. La propuesta, sin embargo, permanece en el limbo burocrático.
El subregistro es hoy el gran vacío de la crisis de desapariciones en San Luis Potosí. Si no se denuncia, no existe en las cifras oficiales. Y si no existe, tampoco forma parte de las políticas públicas. Esa es, quizás, la omisión más grave, una realidad ignorada por decisión institucional.
"Seguimos perdiendo vidas y también la esperanza”, afirma Pérez Rodríguez. “Las cifras que presenta el gobierno apenas rozan la superficie del verdadero problema. Mientras no se reconstruya la confianza en las instituciones, seguiremos atrapados en un ciclo de silencio, impunidad y dolor”.
El llamado es urgente. Las desapariciones no son una estadística más; son una herida abierta en el tejido social. Y sin un sistema de justicia que funcione, cada día que pasa es una condena para quienes buscan respuestas en medio de la incertidumbre.
Solo una de cada tres familias opta por formalizar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El resto calla, no por indiferencia, sino por terror a las represalias, la revictimización o simplemente porque el sistema les ha dejado claro que no obtendrán respuestas.
“Por cada familia que se atreve a levantar la voz, hay al menos dos que prefieren guardar silencio. No por resignación, sino porque denunciar puede costarles la seguridad, o incluso la vida”, explica Pérez Rodríguez.
En lugar de garantizar justicia, la respuesta institucional ha generado un entorno hostil. Testimonios recabados por colectivos de búsqueda, las familias se enfrentan a ministerios públicos que minimizan sus denuncias, les hacen esperar semanas sin avances o, peor aún, las tratan con desprecio o sospecha.
Las regiones más afectadas —como Villa de Reyes, Ciudad del Maíz, Tamazunchale y Villa de Arista— registran una constante, familias que buscan apoyo para encontrar a sus seres queridos, pero que insisten en evitar cualquier contacto con las instancias oficiales.
La Fiscalía, dicen los colectivos, no solo carece de un enfoque sensible hacia las víctimas, sino también de los recursos y la voluntad para investigar de forma efectiva. Esto, combinado con una Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha sido señalada por su inacción, genera un círculo de impunidad.
La denuncia más constante de los colectivos es clara, la carga de la búsqueda ha caído sobre los hombros de las familias. Sin apoyo psicológico, sin vehículos oficiales, sin acompañamiento legal o seguridad, los familiares se han convertido en investigadores, rescatistas y defensores por necesidad.
“Antes al menos había algo de respaldo. Hoy ni eso. Las familias tienen que poner sus propios medios para buscar. ¿Cómo exigirle a una madre que denuncie, si ni siquiera hay quien la proteja después?”, cuestiona la activista.
Las carencias materiales son tan graves como la falta de voluntad política. “Voz y Dignidad” ha solicitado sin éxito la creación de una visitaduría especializada en desapariciones dentro de la CEDH, con personal y presupuesto adecuados. La propuesta, sin embargo, permanece en el limbo burocrático.
El subregistro es hoy el gran vacío de la crisis de desapariciones en San Luis Potosí. Si no se denuncia, no existe en las cifras oficiales. Y si no existe, tampoco forma parte de las políticas públicas. Esa es, quizás, la omisión más grave, una realidad ignorada por decisión institucional.
"Seguimos perdiendo vidas y también la esperanza”, afirma Pérez Rodríguez. “Las cifras que presenta el gobierno apenas rozan la superficie del verdadero problema. Mientras no se reconstruya la confianza en las instituciones, seguiremos atrapados en un ciclo de silencio, impunidad y dolor”.
El llamado es urgente. Las desapariciones no son una estadística más; son una herida abierta en el tejido social. Y sin un sistema de justicia que funcione, cada día que pasa es una condena para quienes buscan respuestas en medio de la incertidumbre.
