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Derechos Humanos investiga a funcionarios de la capital por denuncia de extrabajadora
11 de Agosto 2025 | Ericka Segura | Plano Informativo
San Luis Potosí, SLP.- La Primera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) mantiene en trámite de investigación la denuncia presentada por Érika, ex trabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento capitalino, por presuntas violaciones a sus derechos humanos cometidas por funcionarios municipales.
De acuerdo con la CEDH, la Primera Visitaduría es el área encargada de recibir, analizar e investigar quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades estatales y municipales, así como gestionar posibles soluciones mediante la conciliación.
En este caso, Érika denunció ante la CEDH a Liliana Armentina Zavala López, funcionaria municipal, y a Jesús Becerra Rodríguez, su jefe directo, a quienes acusó de acoso constante y violencia laboral. Según su testimonio, en lugar de atender su situación, el Ayuntamiento decidió despedirla con el argumento de “ineficiencia”, lo que considera un pretexto para encubrir el hostigamiento y las represalias en su contra.
La denunciante también presentó pruebas que, según afirma, evidencian un esquema de corrupción en el que estarían involucrados varios funcionarios. Entre ellas, mensajes que implican al regidor Jorge Alberto Zavala López —hermano de Liliana Zavala— exigiendo a trabajadores del PRD entregar un porcentaje de su salario; documentos sobre la contratación irregular de su hija, cuyo sueldo habría sido controlado por el regidor; y la presunta obstrucción de reportes internos sobre problemas de higiene en instalaciones municipales.
El caso tomó notoriedad cuando Érika difundió un video con su denuncia pública, lo que motivó que Martha Orta, titular de la Instancia de las Mujeres, le prometiera una solución en una semana; sin embargo, a más de un mes, asegura que no ha habido avances por parte de esta dependencia.
Mientras tanto, en la Unidad de Gestión del Centro Histórico, trabajadores señalan que el miedo persiste y que prevalece un ambiente de intimidación, pues nadie quiere declarar por temor a perder su empleo.
La CEDH confirmó que el expediente se encuentra activo en la Primera Visitaduría, donde se lleva a cabo la investigación correspondiente para determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de la denunciante y, en su caso, emitir las recomendaciones pertinentes.
De acuerdo con la CEDH, la Primera Visitaduría es el área encargada de recibir, analizar e investigar quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades estatales y municipales, así como gestionar posibles soluciones mediante la conciliación.
En este caso, Érika denunció ante la CEDH a Liliana Armentina Zavala López, funcionaria municipal, y a Jesús Becerra Rodríguez, su jefe directo, a quienes acusó de acoso constante y violencia laboral. Según su testimonio, en lugar de atender su situación, el Ayuntamiento decidió despedirla con el argumento de “ineficiencia”, lo que considera un pretexto para encubrir el hostigamiento y las represalias en su contra.
La denunciante también presentó pruebas que, según afirma, evidencian un esquema de corrupción en el que estarían involucrados varios funcionarios. Entre ellas, mensajes que implican al regidor Jorge Alberto Zavala López —hermano de Liliana Zavala— exigiendo a trabajadores del PRD entregar un porcentaje de su salario; documentos sobre la contratación irregular de su hija, cuyo sueldo habría sido controlado por el regidor; y la presunta obstrucción de reportes internos sobre problemas de higiene en instalaciones municipales.
El caso tomó notoriedad cuando Érika difundió un video con su denuncia pública, lo que motivó que Martha Orta, titular de la Instancia de las Mujeres, le prometiera una solución en una semana; sin embargo, a más de un mes, asegura que no ha habido avances por parte de esta dependencia.
Mientras tanto, en la Unidad de Gestión del Centro Histórico, trabajadores señalan que el miedo persiste y que prevalece un ambiente de intimidación, pues nadie quiere declarar por temor a perder su empleo.
La CEDH confirmó que el expediente se encuentra activo en la Primera Visitaduría, donde se lleva a cabo la investigación correspondiente para determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de la denunciante y, en su caso, emitir las recomendaciones pertinentes.
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