CATEGORÍA
Denuncian despidos injustificados en Ayuntamiento
09 de Enero 2026 | Ericka Segura | Plano Informativo
San Luis Potosí, SLP.- Mientras trabajadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí denuncian la salida de personal con años de antigüedad y presunta base laboral, el alcalde Enrique Galindo Ceballos optó por una narrativa de negación absoluta. Para el edil, no existen despidos injustificados, sino simples ajustes administrativos y conclusiones de contratos, una explicación que choca frontalmente con los testimonios de quienes aseguran haber sido removidos sin claridad ni proceso transparente.
Las inconformidades no se limitan a rumores aislados. Empleados afectados han hecho públicas sus quejas tanto en redes sociales como en instancias formales, señalando que no se trataba de contratos temporales ni de prestación de servicios, sino de plazas fijas. Esta diferencia no es menor, implica derechos laborales adquiridos que, de confirmarse las denuncias, estarían siendo vulnerados bajo el argumento genérico de una reestructuración cotidiana.
Lejos de ofrecer datos precisos, el alcalde reconoció no tener certeza sobre cuántas personas habrían sido separadas ni en qué áreas ocurrió, una admisión que deja ver una preocupante falta de control interno. La ausencia de cifras y expedientes claros debilita la postura oficial y abre la pregunta sobre quién toma realmente las decisiones laborales y bajo qué criterios.
Al cerrar filas en torno a su versión —no son despidos ni son injustificados—, la administración municipal parece más interesada en contener el costo político que en atender el fondo del conflicto. La negativa al diálogo y la minimización de las quejas refuerzan la percepción de un gobierno local que reduce un problema laboral serio a un trámite administrativo, sin asumir la responsabilidad de aclarar si, detrás de los llamados “ajustes”, se están cometiendo arbitrariedades contra su propia base trabajadora.
En este escenario, la distancia entre el discurso oficial y la experiencia de los trabajadores no solo persiste, sino que se amplía, dejando al descubierto una gestión que apuesta por la negación antes que por la rendición de cuentas.
Las inconformidades no se limitan a rumores aislados. Empleados afectados han hecho públicas sus quejas tanto en redes sociales como en instancias formales, señalando que no se trataba de contratos temporales ni de prestación de servicios, sino de plazas fijas. Esta diferencia no es menor, implica derechos laborales adquiridos que, de confirmarse las denuncias, estarían siendo vulnerados bajo el argumento genérico de una reestructuración cotidiana.
Lejos de ofrecer datos precisos, el alcalde reconoció no tener certeza sobre cuántas personas habrían sido separadas ni en qué áreas ocurrió, una admisión que deja ver una preocupante falta de control interno. La ausencia de cifras y expedientes claros debilita la postura oficial y abre la pregunta sobre quién toma realmente las decisiones laborales y bajo qué criterios.
Al cerrar filas en torno a su versión —no son despidos ni son injustificados—, la administración municipal parece más interesada en contener el costo político que en atender el fondo del conflicto. La negativa al diálogo y la minimización de las quejas refuerzan la percepción de un gobierno local que reduce un problema laboral serio a un trámite administrativo, sin asumir la responsabilidad de aclarar si, detrás de los llamados “ajustes”, se están cometiendo arbitrariedades contra su propia base trabajadora.
En este escenario, la distancia entre el discurso oficial y la experiencia de los trabajadores no solo persiste, sino que se amplía, dejando al descubierto una gestión que apuesta por la negación antes que por la rendición de cuentas.
