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Se prolonga el paro en la Facultad de Ciencias de la Información
04 de Febrero 2026 | Ericka Segura | Plano Informativo
San Luis Potosí, SLP.- Mientras los conflictos laborales avanzan y el personal administrativo permanece en paro, la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí parece operar bajo una lógica de evasión. Alejandro Zermeño Guerra, rector de la máxima casa de estudios, no logra —o no quiere— resolver los problemas internos que hoy exhiben una profunda crisis de gobernabilidad universitaria.
Desde hace más de una semana, trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias de la Información mantienen un paro de “brazos caídos” como medida de protesta ante lo que califican como violencia laboral sistemática, hostigamiento y acoso por parte de autoridades internas. Lejos de abrir canales efectivos de diálogo, la rectoría ha optado por el silencio, dejando que el conflicto se prolongue y se normalice la vulneración de derechos laborales.
Las denuncias apuntan directamente a funcionarias de la propia facultad, sin que hasta ahora exista una intervención clara y contundente por parte de la administración central. Más grave aún resulta que las quejas formales presentadas ante la Defensoría de Derechos Universitarios hayan sido desestimadas, enviando un mensaje preocupante, dentro de la universidad, denunciar no garantiza justicia.
Pero mientras los trabajadores esperan atención y soluciones, la rectoría parece distraída en otros frentes. Uno de ellos, particularmente delicado, es el adeudo millonario que arrastra la institución, así como la polémica compra de ropa interior a través de la tienda universitaria, una adquisición que difícilmente puede justificarse dentro de los fines académicos de una universidad pública. Aunque se ha dicho que dicho material se encuentra “resguardado”, hasta ahora no existe una declaración objetiva, transparente ni documentada sobre ese mobiliario, ni sobre el destino del recurso público utilizado.
La contradicción es evidente, una universidad que exige sacrificios a su personal, que permite paros laborales y conflictos internos sin atender, pero que no ha aclarado operaciones financieras cuestionables. La rectoría no sólo enfrenta una crisis laboral, sino también una crisis de credibilidad.
La protesta, iniciada el pasado 26 de enero dentro de las instalaciones de la FCI, se ha mantenido de forma pacífica, legal y ordenada. Los trabajadores han reiterado su disposición al diálogo, pero también han dejado claro que no levantarán el paro mientras no existan garantías reales de protección, respeto a sus derechos y sanciones a quienes han ejercido violencia laboral.
En este escenario, la ausencia del rector no es sólo física, es política. Cada día sin respuesta profundiza la fractura entre la autoridad universitaria y su base trabajadora. La pregunta ya no es cuándo hablará Zermeño, sino cuánto más puede permitirse una universidad pública operar sin liderazgo, sin rendición de cuentas y sin voluntad para resolver sus propios conflictos.
Desde hace más de una semana, trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias de la Información mantienen un paro de “brazos caídos” como medida de protesta ante lo que califican como violencia laboral sistemática, hostigamiento y acoso por parte de autoridades internas. Lejos de abrir canales efectivos de diálogo, la rectoría ha optado por el silencio, dejando que el conflicto se prolongue y se normalice la vulneración de derechos laborales.
Las denuncias apuntan directamente a funcionarias de la propia facultad, sin que hasta ahora exista una intervención clara y contundente por parte de la administración central. Más grave aún resulta que las quejas formales presentadas ante la Defensoría de Derechos Universitarios hayan sido desestimadas, enviando un mensaje preocupante, dentro de la universidad, denunciar no garantiza justicia.
Pero mientras los trabajadores esperan atención y soluciones, la rectoría parece distraída en otros frentes. Uno de ellos, particularmente delicado, es el adeudo millonario que arrastra la institución, así como la polémica compra de ropa interior a través de la tienda universitaria, una adquisición que difícilmente puede justificarse dentro de los fines académicos de una universidad pública. Aunque se ha dicho que dicho material se encuentra “resguardado”, hasta ahora no existe una declaración objetiva, transparente ni documentada sobre ese mobiliario, ni sobre el destino del recurso público utilizado.
La contradicción es evidente, una universidad que exige sacrificios a su personal, que permite paros laborales y conflictos internos sin atender, pero que no ha aclarado operaciones financieras cuestionables. La rectoría no sólo enfrenta una crisis laboral, sino también una crisis de credibilidad.
La protesta, iniciada el pasado 26 de enero dentro de las instalaciones de la FCI, se ha mantenido de forma pacífica, legal y ordenada. Los trabajadores han reiterado su disposición al diálogo, pero también han dejado claro que no levantarán el paro mientras no existan garantías reales de protección, respeto a sus derechos y sanciones a quienes han ejercido violencia laboral.
En este escenario, la ausencia del rector no es sólo física, es política. Cada día sin respuesta profundiza la fractura entre la autoridad universitaria y su base trabajadora. La pregunta ya no es cuándo hablará Zermeño, sino cuánto más puede permitirse una universidad pública operar sin liderazgo, sin rendición de cuentas y sin voluntad para resolver sus propios conflictos.
