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Subiría deuda a 58.9 % del PIB
12 de Febrero 2026 | Agencia Reforma
Si México no controla los requerimientos financieros, la deuda pública del País podría llegar a 58.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2031, es decir, 169 mil pesos por persona, alertó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
"Si el endeudamiento no se controla, como lo plantea el Paquete Económico 2026, el saldo histórico podría ascender a 58.9 por ciento del PIB hacia 2031", advirtió el investigador Ricardo Cantú, en el artículo "Evolución de la deuda en México: 17 años de desbalances fiscales", publicado el 10 de febrero.
Al cierre de 2025, último periodo reportado por la Secretaría de Hacienda, la deuda pública del País medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 52.6 por ciento del PIB.
"La incorporación de las proyecciones demográficas sobre los ingresos y gastos, así como la proyección financiera del costo de la deuda, muestran un panorama que empujaría al alza los requerimientos financieros y, por ende, el saldo histórico seguirá una tendencia ascendente", dijo Cantú.
El doctor en Política Pública y maestro en Economía expuso que bajo el escenario planteado por el Paquete Económico 2026, la deuda pública como porcentaje del PIB se consolidaría en 53.6 por ciento para 2031, con requerimientos financieros decrecientes hasta 3.0 por ciento del PIB.
Sin embargo, subrayó, la supuesta estabilidad de la recaudación y del gasto público podría no estar incorporando ni la transición demográfica ni la incertidumbre financiera asociada al comportamiento esperado de las tasas de interés.
"Principalmente, la creciente demanda de recursos públicos por el gasto en pensiones seguiría reduciendo el presupuesto disponible para áreas clave para el bienestar social y la productividad económica: educación, salud e infraestructura.
"Respectivamente, el primero ha dejado de ser de los principales receptores del gasto; el segundo también ha disminuido, aún ante las políticas de universalización de la salud y la transición epidemiológica; el último ha sido ajustado para reducir las necesidades de financiamiento presupuestario", argumentó.
Destacó que aunque los ingresos tributarios seguirían creciendo, los petroleros seguirían bajando.
Destacó que las finanzas públicas mantienen desbalances presupuestarios desde 2009, es decir, que desde entonces el gasto público supera la capacidad recaudatoria del Estado debido a ingresos petroleros decrecientes, mayor gasto en pensiones, transferencias a Pemex y costo de la deuda.
De 2009 a 2026, dijo, el costo pasó de 2.1 billones de pesos a precios de 2026, a 4.1 billones, un aumento real de 95.2 por ciento, un gasto mayor al total en educación pública desde 2015.
La transición demográfica hará que existan menos personas trabajando y más demandando pensiones, salud y cuidados, lo que pondrá mayor presión sobre el gasto público y un menor impulso sobre la recaudación tributaria.
El investigador del CIEP resaltó que las proyecciones revelan una sostenibilidad frágil y dependiente de supuestos optimistas sobre los ingresos, el gasto y el entorno financiero, lo que significa riesgos para las próximas generaciones.
"La situación demográfica, con menos contribuyentes y más adultos mayores, impulsa mayores gastos en salud, pensiones y cuidados y reduce la capacidad recaudatoria del Estado. "En consecuencia, la trayectoria fiscal proyectada revela una sostenibilidad frágil, dependiente de supuestos optimistas sobre los ingresos, el gasto y el entorno financiero, y traslada riesgos hacia las próximas generaciones", expuso.
La sostenibilidad fiscal, concluyó, no debe limitarse al control del endeudamiento, sino que también debe garantizar la equidad de largo plazo.
"Si el endeudamiento no se controla, como lo plantea el Paquete Económico 2026, el saldo histórico podría ascender a 58.9 por ciento del PIB hacia 2031", advirtió el investigador Ricardo Cantú, en el artículo "Evolución de la deuda en México: 17 años de desbalances fiscales", publicado el 10 de febrero.
Al cierre de 2025, último periodo reportado por la Secretaría de Hacienda, la deuda pública del País medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 52.6 por ciento del PIB.
"La incorporación de las proyecciones demográficas sobre los ingresos y gastos, así como la proyección financiera del costo de la deuda, muestran un panorama que empujaría al alza los requerimientos financieros y, por ende, el saldo histórico seguirá una tendencia ascendente", dijo Cantú.
El doctor en Política Pública y maestro en Economía expuso que bajo el escenario planteado por el Paquete Económico 2026, la deuda pública como porcentaje del PIB se consolidaría en 53.6 por ciento para 2031, con requerimientos financieros decrecientes hasta 3.0 por ciento del PIB.
Sin embargo, subrayó, la supuesta estabilidad de la recaudación y del gasto público podría no estar incorporando ni la transición demográfica ni la incertidumbre financiera asociada al comportamiento esperado de las tasas de interés.
"Principalmente, la creciente demanda de recursos públicos por el gasto en pensiones seguiría reduciendo el presupuesto disponible para áreas clave para el bienestar social y la productividad económica: educación, salud e infraestructura.
"Respectivamente, el primero ha dejado de ser de los principales receptores del gasto; el segundo también ha disminuido, aún ante las políticas de universalización de la salud y la transición epidemiológica; el último ha sido ajustado para reducir las necesidades de financiamiento presupuestario", argumentó.
Destacó que aunque los ingresos tributarios seguirían creciendo, los petroleros seguirían bajando.
Destacó que las finanzas públicas mantienen desbalances presupuestarios desde 2009, es decir, que desde entonces el gasto público supera la capacidad recaudatoria del Estado debido a ingresos petroleros decrecientes, mayor gasto en pensiones, transferencias a Pemex y costo de la deuda.
De 2009 a 2026, dijo, el costo pasó de 2.1 billones de pesos a precios de 2026, a 4.1 billones, un aumento real de 95.2 por ciento, un gasto mayor al total en educación pública desde 2015.
La transición demográfica hará que existan menos personas trabajando y más demandando pensiones, salud y cuidados, lo que pondrá mayor presión sobre el gasto público y un menor impulso sobre la recaudación tributaria.
El investigador del CIEP resaltó que las proyecciones revelan una sostenibilidad frágil y dependiente de supuestos optimistas sobre los ingresos, el gasto y el entorno financiero, lo que significa riesgos para las próximas generaciones.
"La situación demográfica, con menos contribuyentes y más adultos mayores, impulsa mayores gastos en salud, pensiones y cuidados y reduce la capacidad recaudatoria del Estado. "En consecuencia, la trayectoria fiscal proyectada revela una sostenibilidad frágil, dependiente de supuestos optimistas sobre los ingresos, el gasto y el entorno financiero, y traslada riesgos hacia las próximas generaciones", expuso.
La sostenibilidad fiscal, concluyó, no debe limitarse al control del endeudamiento, sino que también debe garantizar la equidad de largo plazo.
