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Enfrenta retos plan minero
26 de Febrero 2026 | Agencia Reforma
El Plan de Acción sobre Minerales Críticos que negocian México y Estados Unidos podría enfrentar problemas de diseño debido a las restricciones legales que impiden a la iniciativa privada realizar trabajos de exploración y a la falta de una industria nacional de transformación, advirtieron especialistas.
Para que este plan -que podría detonar inversiones por 43 mil millones de dólares- sea exitoso, requiere una alianza sólida entre el Estado y el sector privado, según un análisis de la Cámara Minera de México (Camimex).
Rosanety Barrios, experta en energía, señaló que los minerales críticos son insumos fundamentales para sectores estratégicos de la economía global, como la transición energética, los vehículos eléctricos y la fabricación de semiconductores.
No obstante, la Ley Minera mexicana impide que la iniciativa privada realice actividades de exploración, lo que podría convertirse en un freno para el acuerdo bilateral.
"Cambiar la ley es un escenario poco probable, por lo que el plan enfrenta un problema de diseño en el aprovechamiento del sector minero en México. Esto podría desalentar la inversión en exploración, ya que difícilmente habrá interesados si no son propietarios de los derechos de explotación", explicó.
De acuerdo con Isidro Téllez, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, 13 empresas concentran una quinta parte de las concesiones de exploración y explotación de minerales estratégicos. Entre ellas destacan Peñoles, Grupo México, Minera Frisco, Autlán, Newmont y First Majestic.
En conjunto, estas compañías poseen derechos sobre casi 6.4 millones de hectáreas concesionadas y, según el investigador, ninguna resultó afectada por la recuperación de concesiones realizada por el Gobierno federal.
Téllez consideró que uno de los principales desafíos es que México no cuenta con una industria metalúrgica suficiente para transformar los minerales en productos finales.
En el caso del cobre, entre 70 y 80 por ciento se exporta -principalmente a Asia- para su procesamiento, lo que mantiene al País como proveedor de materia prima sin mayor valor agregado.
"El riesgo es que no se desarrolle una industria metalúrgica nacional y que México continúe como país extractor. Incluso si cambia el destino de las exportaciones hacia Estados Unidos en lugar de China, el patrón primario-exportador se mantendría", advirtió.
Por su parte, Armando Ernesto Alatorre Campos, geólogo especializado en minería, sostuvo que el Gobierno debe definir con precisión el listado de minerales prioritarios.
Señaló que Estados Unidos maneja una lista de alrededor de 50 minerales críticos, pero México no tiene capacidad para explotar todos, por lo que se requiere una selección estratégica acorde con su potencial geológico y capacidad productiva.
Para la iniciativa privada, el acuerdo podría representar una oportunidad para avanzar hacia una visión de largo plazo. Sin embargo, se requieren condiciones claras.
La Cámara Minera de México (Camimex) señaló que el País necesita incentivos bajo esquemas responsables, mecanismos para enfrentar la competencia desleal asiática, fortalecimiento de la seguridad en zonas mineras, reactivación de la exploración y procedimientos más ágiles y transparentes en materia ambiental, social y operativa.
Asimismo, subrayó la necesidad de modernizar el marco legal para consolidar la certidumbre jurídica y permitir que México capitalice plenamente su potencial en minerales estratégicos dentro del nuevo contexto geopolítico y energético.
Para que este plan -que podría detonar inversiones por 43 mil millones de dólares- sea exitoso, requiere una alianza sólida entre el Estado y el sector privado, según un análisis de la Cámara Minera de México (Camimex).
Rosanety Barrios, experta en energía, señaló que los minerales críticos son insumos fundamentales para sectores estratégicos de la economía global, como la transición energética, los vehículos eléctricos y la fabricación de semiconductores.
No obstante, la Ley Minera mexicana impide que la iniciativa privada realice actividades de exploración, lo que podría convertirse en un freno para el acuerdo bilateral.
"Cambiar la ley es un escenario poco probable, por lo que el plan enfrenta un problema de diseño en el aprovechamiento del sector minero en México. Esto podría desalentar la inversión en exploración, ya que difícilmente habrá interesados si no son propietarios de los derechos de explotación", explicó.
De acuerdo con Isidro Téllez, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, 13 empresas concentran una quinta parte de las concesiones de exploración y explotación de minerales estratégicos. Entre ellas destacan Peñoles, Grupo México, Minera Frisco, Autlán, Newmont y First Majestic.
En conjunto, estas compañías poseen derechos sobre casi 6.4 millones de hectáreas concesionadas y, según el investigador, ninguna resultó afectada por la recuperación de concesiones realizada por el Gobierno federal.
Téllez consideró que uno de los principales desafíos es que México no cuenta con una industria metalúrgica suficiente para transformar los minerales en productos finales.
En el caso del cobre, entre 70 y 80 por ciento se exporta -principalmente a Asia- para su procesamiento, lo que mantiene al País como proveedor de materia prima sin mayor valor agregado.
"El riesgo es que no se desarrolle una industria metalúrgica nacional y que México continúe como país extractor. Incluso si cambia el destino de las exportaciones hacia Estados Unidos en lugar de China, el patrón primario-exportador se mantendría", advirtió.
Por su parte, Armando Ernesto Alatorre Campos, geólogo especializado en minería, sostuvo que el Gobierno debe definir con precisión el listado de minerales prioritarios.
Señaló que Estados Unidos maneja una lista de alrededor de 50 minerales críticos, pero México no tiene capacidad para explotar todos, por lo que se requiere una selección estratégica acorde con su potencial geológico y capacidad productiva.
Para la iniciativa privada, el acuerdo podría representar una oportunidad para avanzar hacia una visión de largo plazo. Sin embargo, se requieren condiciones claras.
La Cámara Minera de México (Camimex) señaló que el País necesita incentivos bajo esquemas responsables, mecanismos para enfrentar la competencia desleal asiática, fortalecimiento de la seguridad en zonas mineras, reactivación de la exploración y procedimientos más ágiles y transparentes en materia ambiental, social y operativa.
Asimismo, subrayó la necesidad de modernizar el marco legal para consolidar la certidumbre jurídica y permitir que México capitalice plenamente su potencial en minerales estratégicos dentro del nuevo contexto geopolítico y energético.
