CATEGORÍA
Presentan modelo operativo para voto de personas en prisión
02 de Abril 2026 | Plano Informativo
San Luis Potosí, SLP.- La Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, Liliana Díaz de León Zapata presentó al Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Jesús Juárez Hernández el modelo estratégico de trabajo para fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas privadas de la libertad, mediante dos ejes fundamentales: el Voto en Prisión Preventiva y la Credencialización de Personas Privadas de la Libertad (PPL).
Estuvieron también en la reunión interinstitucional la Directora de Reinserción Social Carmen Concepción Villa Galarza el Vocal del Registro Federal de Electores Leoncio Ricardo Moreno Castrellón y la Vocal de Organización Electoral Ana Lucia Barajas Garay.
Durante la exposición técnica, Díaz de León Zapata destacó que la experiencia obtenida en el Proceso Electoral 2023-2024 confirmó la viabilidad operativa del voto anticipado en centros penitenciarios estatales, donde participaron cinco centros de reinserción social de la entidad, registrándose 428 votos en el Centro Penitenciario de La Pila, 106 en Ciudad Valles, 83 en Rioverde, 54 en Tamazunchale y 16 en Tancanhuitz.
Señaló que el reto para los procesos 2026-2027 consiste en consolidar un modelo operativo eficiente, transparente y escalonado, que permita ampliar la cobertura institucional con base en protocolos diferenciados por centro penitenciario, atendiendo condiciones de población, logística interna y pertinencia cultural.
Entre los principales aprendizajes identificados destacan la coordinación interinstitucional entre autoridades electorales y penitenciarias, la programación anticipada de jornadas de votación y la necesidad de fortalecer el voto informado entre la población en prisión preventiva. Asimismo, se advirtió que factores como saturación operativa, restricciones de movilidad y conectividad tecnológica requieren planeación especializada.
En materia registral, se explicó que la credencialización de personas privadas de la libertad constituye un componente esencial para garantizar el acceso efectivo a derechos político-electorales y de identidad. El procedimiento contempla coordinación institucional previa, validación documental, captación biométrica mediante módulos itinerantes y entrega personalizada de la Credencial para Votar.
Se recordó que, en el caso de personas en prisión preventiva, la credencial conserva plena validez para votar e identificarse; mientras que en personas sentenciadas, únicamente funciona como documento de identificación debido a la suspensión de derechos político-electorales establecida en la legislación vigente.
El Instituto reiteró que estas acciones forman parte de una visión institucional orientada a fortalecer la reinserción social, la gobernabilidad democrática y el respeto progresivo de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
Por su parte la Secretaria de Seguridad Pública propuso la votación anticipada de 10 días previos a la Jornada Electoral, además presentó las condiciones de mejora continua basadas en el procedimiento ya celebrado y manifestó que el reto actual es optimizar procesos y garantizar alcance en todo el sistema.
Manifestaron que la consolidación del modelo operativo deberá ser eficiente, transparente y replicable en todo el sistema estatal. También garantizar la seguridad del voto mediante mecanismos de control físico y digital y finalmente alinear la operación con principios de derechos humanos y estabilidad institucional.
Estuvieron también en la reunión interinstitucional la Directora de Reinserción Social Carmen Concepción Villa Galarza el Vocal del Registro Federal de Electores Leoncio Ricardo Moreno Castrellón y la Vocal de Organización Electoral Ana Lucia Barajas Garay.
Durante la exposición técnica, Díaz de León Zapata destacó que la experiencia obtenida en el Proceso Electoral 2023-2024 confirmó la viabilidad operativa del voto anticipado en centros penitenciarios estatales, donde participaron cinco centros de reinserción social de la entidad, registrándose 428 votos en el Centro Penitenciario de La Pila, 106 en Ciudad Valles, 83 en Rioverde, 54 en Tamazunchale y 16 en Tancanhuitz.
Señaló que el reto para los procesos 2026-2027 consiste en consolidar un modelo operativo eficiente, transparente y escalonado, que permita ampliar la cobertura institucional con base en protocolos diferenciados por centro penitenciario, atendiendo condiciones de población, logística interna y pertinencia cultural.
Entre los principales aprendizajes identificados destacan la coordinación interinstitucional entre autoridades electorales y penitenciarias, la programación anticipada de jornadas de votación y la necesidad de fortalecer el voto informado entre la población en prisión preventiva. Asimismo, se advirtió que factores como saturación operativa, restricciones de movilidad y conectividad tecnológica requieren planeación especializada.
En materia registral, se explicó que la credencialización de personas privadas de la libertad constituye un componente esencial para garantizar el acceso efectivo a derechos político-electorales y de identidad. El procedimiento contempla coordinación institucional previa, validación documental, captación biométrica mediante módulos itinerantes y entrega personalizada de la Credencial para Votar.
Se recordó que, en el caso de personas en prisión preventiva, la credencial conserva plena validez para votar e identificarse; mientras que en personas sentenciadas, únicamente funciona como documento de identificación debido a la suspensión de derechos político-electorales establecida en la legislación vigente.
El Instituto reiteró que estas acciones forman parte de una visión institucional orientada a fortalecer la reinserción social, la gobernabilidad democrática y el respeto progresivo de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
Por su parte la Secretaria de Seguridad Pública propuso la votación anticipada de 10 días previos a la Jornada Electoral, además presentó las condiciones de mejora continua basadas en el procedimiento ya celebrado y manifestó que el reto actual es optimizar procesos y garantizar alcance en todo el sistema.
Manifestaron que la consolidación del modelo operativo deberá ser eficiente, transparente y replicable en todo el sistema estatal. También garantizar la seguridad del voto mediante mecanismos de control físico y digital y finalmente alinear la operación con principios de derechos humanos y estabilidad institucional.
