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Arriesga inversión bloqueo de cuentas
10 de Abril 2026 | Agencia Reforma
La decisión de la Suprema Corte de avalar el bloqueo de cuentas bancarias sin una orden judicial previa, eleva los riesgos para los inversionistas por lo que dejarían de apostar por México, advirtió la Coparmex.
"En un contexto de incertidumbre, decisiones que debilitan contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el País. Este escenario resulta especialmente sensible en el marco del T-MEC y la competencia global por capital. Cuando una autoridad puede restringir activos sin control judicial previo, se afecta la percepción de riesgo y la disposición de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por México", señaló la Confederación.
La decisión de la Corte establece un precedente delicado para el Estado de derecho, sostuvo.
Por una mayoría de seis votos contra tres, se determinó que el bloqueo de cuentas procede cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuente con "indicios suficientes" de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.
Este esquema, añadió, va contra el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución.
"Esta medida puede generar efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, colocando a personas y empresas en una posición de desventaja para su defensa. La inversión depende de la certeza en el entorno institucional. Cuando una autoridad puede restringir recursos sin control judicial previo, se afecta la confianza de inversionistas nacionales e internacionales", determinó.
El impacto de esta resolución recae de manera desproporcionada sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99 por ciento del tejido empresarial y dependen de la liquidez diaria.
Coparmex exhortó a los legisladores a que cubran los vacíos que deja la norma vigente y que se definan con claridad los supuestos que justifican un bloqueo.
Asimismo, establecer un control judicial previo que valide la legalidad de la medida en un plazo máximo de seis horas.
Pidió fijar un plazo no mayor a 15 días, para que la autoridad sustente la medida.
El despacho Von Wobeser advirtió que el costo de no estar preparado puede significar la parálisis operativa de las empresas.
Dijo que contar con controles internos rigurosos permite prevenir que la empresa se vea involucrada en operaciones de riesgo y asegura que la compañía cuente de inmediato con la evidencia documental para deslindarse de responsabilidades y ejercer una defensa exitosa.
"En un contexto de incertidumbre, decisiones que debilitan contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el País. Este escenario resulta especialmente sensible en el marco del T-MEC y la competencia global por capital. Cuando una autoridad puede restringir activos sin control judicial previo, se afecta la percepción de riesgo y la disposición de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por México", señaló la Confederación.
La decisión de la Corte establece un precedente delicado para el Estado de derecho, sostuvo.
Por una mayoría de seis votos contra tres, se determinó que el bloqueo de cuentas procede cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuente con "indicios suficientes" de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.
Este esquema, añadió, va contra el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución.
"Esta medida puede generar efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, colocando a personas y empresas en una posición de desventaja para su defensa. La inversión depende de la certeza en el entorno institucional. Cuando una autoridad puede restringir recursos sin control judicial previo, se afecta la confianza de inversionistas nacionales e internacionales", determinó.
El impacto de esta resolución recae de manera desproporcionada sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99 por ciento del tejido empresarial y dependen de la liquidez diaria.
Coparmex exhortó a los legisladores a que cubran los vacíos que deja la norma vigente y que se definan con claridad los supuestos que justifican un bloqueo.
Asimismo, establecer un control judicial previo que valide la legalidad de la medida en un plazo máximo de seis horas.
Pidió fijar un plazo no mayor a 15 días, para que la autoridad sustente la medida.
El despacho Von Wobeser advirtió que el costo de no estar preparado puede significar la parálisis operativa de las empresas.
Dijo que contar con controles internos rigurosos permite prevenir que la empresa se vea involucrada en operaciones de riesgo y asegura que la compañía cuente de inmediato con la evidencia documental para deslindarse de responsabilidades y ejercer una defensa exitosa.
