Sábado 11 de Abril de 2026

Fracking divide posturas en México

El debate sobre el uso del fracking en México ha reavivado tensiones entre organizaciones civiles y la industria energética, en medio del nuevo enfoque gubernamental hacia el desarrollo del gas natural. Mientras más de 80 colectivos ambientales y de derechos humanos rechazan cualquier apertura a esta técnica, el sector petrolero impulsa condiciones que permitan detonar inversiones.

Un total de 82 organizaciones, entre ellas Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advierten que permitir la explotación de hidrocarburos no convencionales representaría un cambio en la política energética del país, en aparente contradicción con compromisos previos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las organizaciones recordaron que en el documento “100 pasos para la Transformación” se estableció explícitamente que no se permitiría el uso del fracking. Por ello, cuestionaron la intención de evaluar su viabilidad mediante un comité científico, al considerar que ya existe evidencia suficiente sobre sus efectos negativos.

“Explorar una versión sustentable del fracking puede sonar prometedor, pero en los hechos no existe”, señalaron, al tiempo que llamaron a redirigir los esfuerzos hacia la transición energética y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Asimismo, advirtieron que esta práctica implica riesgos para la salud, el agua y el medio ambiente, respaldados —afirman— por más de dos mil estudios científicos.

Además del impacto ambiental, también pusieron sobre la mesa su viabilidad económica, al considerar que los costos de infraestructura y tratamiento de agua podrían agravar la situación financiera de Petróleos Mexicanos.

En contraste, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos respaldó la estrategia gubernamental para fortalecer la soberanía energética mediante el desarrollo del gas natural. Sin embargo, el organismo subrayó que es necesario generar condiciones de certidumbre, seguridad y reglas claras para atraer inversión.

El sector privado aseguró contar con la capacidad técnica para impulsar el desarrollo energético del país y expresó su disposición a colaborar con el gobierno.

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