Cada cierto tiempo, el debate público regresa al mismo punto: ¿y si Trump nos corta el gas? Es un escenario poco probable que distrae de riesgos reales. Para entenderlo, hay que partir de dos dimensiones de la seguridad energética. La hemisférica: qué tan sólido es el sistema que compartimos con nuestros socios. Y la nacional: qué tan bien parados estamos si ese sistema falla, con fuentes propias y diversificadas, renovables incluidas. En México ignoramos la primera y discutimos la segunda sin ocuparnos realmente de ella.
La dependencia es real: México importa hoy cerca del 75% del gas que consume de EE.UU. La lógica fue clara durante décadas: combustible barato, abundante y a un ducto de distancia. La integración trae eficiencias pero erosiona autonomía. PEMEX cubría casi el 80% del gas nacional a principios de los 2000; hoy cubre menos de la cuarta parte. La integración fue eficiente y la autonomía energética fue el precio que pagamos.
Cerrar la llave sería inviable. Somos el destino natural del gas asociado a la producción de crudo estadounidense. Hacerlo deprimiría precios y afectaría la producción de crudo, en contradicción con la política de dominio energético de Trump, de vocación exportadora. Además, la producción crece más rápido que la demanda; no hay incentivos económicos ni presión interna para restringir exportaciones.
La integración va más allá de la molécula. Las fábricas de Juárez y Monterrey producen componentes para empresas americanas a partir de electricidad generada con gas texano. Hacerlo afectaría directamente la cadena de suministro estadounidense. Y aun con voluntad política, tres contrapesos lo harían insostenible: el federalismo energético que limita el control sobre productores privados; los tribunales que protegerían contratos vigentes; y el lobby energético respaldado por los representantes de los estados productores.
Entonces, ¿de qué sí debemos preocuparnos? De tres riesgos propios.
El primero es el precio. La expansión del mercado de GNL y la creciente demanda global, los data centers incluidos, presionarán los precios hacia referencias internes más altas. Regiones que hoy operan con gas competitivo podrían enfrentar precios varias veces mayores, como en Europa o Asia.
El segundo es la disrupción física. La tormenta invernal Uri de 2021 no fue un decreto de Washington: fueron fallas de infraestructura que cortaron el suministro. Nos quedamos sin gas porque nuestra red no estaba preparada para el nuevo clima y porque no teníamos almacenamiento estratégico de respaldo. El plan de 500 km de nuevos gasoductos de conexión es bienvenido, pero las vulnerabilidades que Uri expuso persisten.
El tercero es el posicionamiento. En un mercado con más opciones de salida y mayor competencia, México necesita seguir siendo un destino atractivo y confiable. Durante dos décadas nos beneficiamos de gas abundante y barato vía ductos. La apuesta era complementar esa ventaja con producción local y una red interna robusta. Esta segunda etapa no ha llegado. Existe capacidad para importar más gas, pero nuestra red no permite utilizarla. El espacio disponible será ocupado por los nuevos ciclos combinados de la CFE. Ir más allá exige corregir los desbalances regionales, habilitar la capacidad ociosa de importación y planear su expansión para atender una demanda creciente. El gas no solo es insumo: es la base de la matriz eléctrica que hoy mueve nuestra economía.
La independencia energética es una ilusión. Lo que tenemos, y debemos cuidar, es una interdependencia estratégica. Sin capacidad ni resiliencia propias, la interdependencia se vuelve vulnerabilidad. Trump no va a cerrar la llave. El verdadero desafío es mantener a México como un destino competitivo y confiable dentro del sistema energético de Norteamérica. Los riesgos que importan están de este lado de la frontera. Ese es el debate que nos debemos.