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Temen penas en metales importados
26 de Mayo 2026 | Agencia Reforma
Una nueva legislación federal podría desencadenar acusaciones de contrabando y defraudación fiscal contra las empresas que omitan información o no demuestren la trazabilidad del reciclaje de sus residuos generados a partir de metales que han sido importados temporalmente, lo que impactará a los manufactureros aeronáuticos por el alto valor de sus mercancías y la complejidad de sus procesos, advirtieron expertos.
La Ley de Economía Circular, que entró en vigor en enero, deja a estas empresas vulnerables a ser expulsadas del programa IMMEX y a perder su certificación de IVA, sostuvo Beatriz Ramos, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia).
Si las manufactureras no tienen evidencia de quién recicló sus residuos, el SAT acusaría contrabando o defraudación fiscal al no poderse comprobar que la mercancía recibió el trato adecuado o salió del País, lo que criminalizaría errores operativos que seguramente ocurrirán hasta con penas de cárcel, de acuerdo con Ramos.
Con el IMMEX, explicó, las empresas aeronáuticas importan sin impuestos materiales metálicos y para ello requieren la certificación de IVA, con la cual se comprometen a que los insumos están en tránsito y saldrán del País, teniendo que exportar entre el 60% y el 80%; si no lo logran, deben pagar más IVA por importar materias primas.
Facilitando el cumplimiento de esos porcentajes de retorno, el SAT solía tomar en cuenta como "exportada" la chatarra que las compañías decidieran "cambiar de régimen", es decir, avisarle a la autoridad que ya no se iba a exportar y se quedaría definitivamente en México.
El SAT determinó ya no contabilizar esos residuos para el porcentaje, al no confiar en la veracidad de lo que los fabricantes declaran como basura.
Esto complicaría a las aeronáuticas alcanzar los porcentajes requeridos por el SAT. Por ejemplo, si una empresa importa 100 unidades de materia prima y por la complejidad técnica de la pieza que se está construyendo el 41% se convierte en residuo, sólo el 59% sería retorno acreditable.
Ramos agregó que las aduanas son una fuente clave de recaudación, de modo que cualquier error en las declaraciones de desperdicios de la industria aeronáutica se traduciría en créditos fiscales millonarios que la autoridad buscaría cobrar agresivamente.
"La autoridad nos está viendo como su canasta de los huevos de oro; conozco dos empresas a las que la autoridad ya revisó, no dudo en que lleguen las multas", dijo Ramos a agremiados de Femia.
La autoridad alegó que al cambiar el régimen de un producto, las empresas simulaban que estaban nacionalizando residuos a fin de pagar impuestos sobre el valor de la chatarra y no sobre el valor real de piezas funcionales o materia prima íntegra.
Para que un desperdicio sea tomado en cuenta en el porcentaje, las manufactureras deben exportarlo o entregarlo a recolectores autorizados en México y contar con pruebas de que el material se recicló.
La Ley de Economía Circular, que entró en vigor en enero, deja a estas empresas vulnerables a ser expulsadas del programa IMMEX y a perder su certificación de IVA, sostuvo Beatriz Ramos, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia).
Si las manufactureras no tienen evidencia de quién recicló sus residuos, el SAT acusaría contrabando o defraudación fiscal al no poderse comprobar que la mercancía recibió el trato adecuado o salió del País, lo que criminalizaría errores operativos que seguramente ocurrirán hasta con penas de cárcel, de acuerdo con Ramos.
Con el IMMEX, explicó, las empresas aeronáuticas importan sin impuestos materiales metálicos y para ello requieren la certificación de IVA, con la cual se comprometen a que los insumos están en tránsito y saldrán del País, teniendo que exportar entre el 60% y el 80%; si no lo logran, deben pagar más IVA por importar materias primas.
Facilitando el cumplimiento de esos porcentajes de retorno, el SAT solía tomar en cuenta como "exportada" la chatarra que las compañías decidieran "cambiar de régimen", es decir, avisarle a la autoridad que ya no se iba a exportar y se quedaría definitivamente en México.
El SAT determinó ya no contabilizar esos residuos para el porcentaje, al no confiar en la veracidad de lo que los fabricantes declaran como basura.
Esto complicaría a las aeronáuticas alcanzar los porcentajes requeridos por el SAT. Por ejemplo, si una empresa importa 100 unidades de materia prima y por la complejidad técnica de la pieza que se está construyendo el 41% se convierte en residuo, sólo el 59% sería retorno acreditable.
Ramos agregó que las aduanas son una fuente clave de recaudación, de modo que cualquier error en las declaraciones de desperdicios de la industria aeronáutica se traduciría en créditos fiscales millonarios que la autoridad buscaría cobrar agresivamente.
"La autoridad nos está viendo como su canasta de los huevos de oro; conozco dos empresas a las que la autoridad ya revisó, no dudo en que lleguen las multas", dijo Ramos a agremiados de Femia.
La autoridad alegó que al cambiar el régimen de un producto, las empresas simulaban que estaban nacionalizando residuos a fin de pagar impuestos sobre el valor de la chatarra y no sobre el valor real de piezas funcionales o materia prima íntegra.
Para que un desperdicio sea tomado en cuenta en el porcentaje, las manufactureras deben exportarlo o entregarlo a recolectores autorizados en México y contar con pruebas de que el material se recicló.
