Domingo 28 de Junio de 2026

Derecho al cuidado, un parteaguas para las políticas sociales en el estado

San Luis Potosí, SLP.- La incorporación del derecho al cuidado, al autocuidado y a brindar cuidados en la Constitución de San Luis Potosí marca un nuevo escenario para las políticas sociales del estado; sin embargo, el mayor desafío apenas comienza, convertir el reconocimiento legal en acciones concretas que impacten la vida diaria de miles de personas. 

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, señaló que la reforma representa el arranque de un proceso más amplio para construir un sistema integral que permita atender las necesidades de quienes requieren cuidados y también de quienes diariamente realizan esa labor. 

“Lo que se dio justamente es un paso sumamente importante porque se deja ya como un derecho constitucional y eso es el punto de partida para todo lo que viene. Definitivamente es el inicio de un gran proyecto que se tendría que empezar a generar”, expresó. 

Tras este avance, la atención ahora se dirige a la futura Ley del Sistema Estatal de Cuidados, una propuesta que busca establecer mecanismos de coordinación entre instituciones, definir responsabilidades y desarrollar programas dirigidos a garantizar este nuevo derecho. 

No obstante, uno de los temas que podría determinar el éxito o fracaso de la iniciativa será la asignación de recursos económicos. Urbina Aguilar advirtió que sin una partida específica las propuestas podrían quedar únicamente en el papel. 

“Sabemos que los proyectos sin un presupuesto bien definido quedan como buenas intenciones, pero si no se logra consolidar a través de ese presupuesto, realmente queda en un mero discurso, y eso es lo que se pretende evitar”, afirmó. 

La iniciativa contempla además la realización de análisis en comisiones y foros abiertos con distintos sectores, incluyendo personas con discapacidad, con el objetivo de fortalecer la propuesta y construir un modelo que responda a las necesidades reales de la población. 

La apuesta es que los municipios también puedan adaptar reglamentos y definir acciones dentro de sus facultades, con la intención de crear una política pública coordinada y permanente, dejando atrás esfuerzos aislados en materia de cuidados. 

 

 

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