La propuesta presidencial de una nueva ley ambiental elevaría los costos de los proyectos energéticos y de infraestructura, así como sanciones más severas por violaciones a la normatividad, expusieron consultoras.
Santamarina Steta expuso en un análisis que la iniciativa es un cambio relevante en el modelo de evaluación de impacto ambiental.
"De aprobarse, los proyectos sujetos a autorización ambiental tendrían que cumplir con requisitos más complejos y rigurosos.
"Por ello, si ahora se está considerando iniciar una evaluación de impacto ambiental, sería recomendable comenzar las gestiones lo antes posible para que el proyecto sea evaluado conforme al marco regulatorio vigente", agrega la consultora.
La iniciativa introduce la Evaluación Ambiental Estratégica, que exige que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) delimite, describa, caracterice y diagnostique la región ecológica donde se pretende ubicar el proyecto, señala un análisis de GBM Abogados.
Esto significa que los desarrolladores de proyectos como gasoductos, centrales eléctricas, minería e infraestructura no podrán limitarse a tramitar una MIA aislada, sino que deberá alinearse con los planes sectoriales y regionales, expuso.
Las multas para obras o actividades que operen ilegalmente pasan de 6 millones a más de 800 millones de pesos y las empresas estarán obligadas a pagar compensaciones por daños ambientales, señala Holland & Knight.
El análisis detalla que se mantienen las sanciones de clausura temporal, definitiva o parcial, así como el arresto administrativo.
Sergio Herrera, especialista de GBM Abogados, dijo en entrevista que también propone crear un Registro de Infractores Ambientales, el cual gestionará la Profepa.