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Derechos de audiencias, enciende alarmas por polémica
01 de Agosto 2026 | Jorge Torres | Plano Informativo
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió la consulta pública para definir los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, y con ello encendió un debate nacional sobre hasta dónde debe llegar el Estado en la regulación de los contenidos de radio y televisión; mientras el Gobierno Federal lo presenta como un avance histórico, legisladores, periodistas y concesionarios advierten que podría convertirse en un instrumento de control editorial.
¿De qué se trata?
Se trata del anteproyecto denominado Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, puesto a consulta por la CRT del 27 de julio al 21 de agosto en el portal oficial del organismo; de acuerdo con lo informado por la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, es la primera ocasión en que se busca hacer accionables derechos que están reconocidos desde 2014 en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero que hasta ahora no contaban con un mecanismo efectivo para hacerlos valer.
La propuesta establece que las audiencias tienen derecho a recibir información veraz y oportuna, a que se diferencie claramente entre la información noticiosa y la opinión, y a que se distinga la publicidad del contenido editorial. Para garantizarlo, el proyecto obliga a todos los concesionarios de radio y televisión, tanto comerciales como públicos y sociales, a contar con un Código de Ética que incluya los derechos de las audiencias, a designar a una persona defensora imparcial e independiente y a establecer un procedimiento transparente para la atención de quejas, sugerencias y opiniones.
Bajo este esquema, cualquier persona que considere vulnerados sus derechos podrá acudir primero al defensor del medio y, en caso de no estar conforme con la respuesta, podrá escalar su inconformidad directamente ante la propia CRT, que podrá imponer sanciones si confirma la violación.
¿Por qué ha sido tan polémico?
La polémica radica en que la regulación toca directamente dos principios sensibles: la libertad de expresión y el nuevo modelo institucional surgido de la reforma en materia de telecomunicaciones. El argumento oficial es que se trata de reconocer a las audiencias como sujetos activos de la comunicación y no como simples receptoras de contenidos, garantizando el acceso a información plural, incluyente y respetuosa para la población en general, para las infancias y para personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, para sus críticos el problema está en quién y con qué criterios definirá qué es una información falsa, descontextualizada o presentada como actual cuando es histórica. La propuesta señala que los medios deben abstenerse de difundir ese tipo de contenidos, pero no precisa los parámetros de evaluación, lo que ha generado desconfianza en el gremio. A ello se suma que la CRT es la autoridad que sustituyó al extinto IFT y que ahora concentra un mayor número de atribuciones, por lo que cualquier intento de regular contenidos se percibe como un posible paso hacia la concentración de poder.
¿Qué dudas y riesgos advierten?
Entre las principales dudas que se han planteado está el riesgo de que una autoridad gubernamental se convierta en árbitro de la verdad y decida qué contenidos cumplen o no con el estándar de veracidad. También se advierte el riesgo de censura indirecta, ya que el temor a recibir una queja y una eventual sanción podría inhibir el trabajo periodístico y generar autocensura, especialmente en coberturas políticas, electorales y de seguridad.
Otro punto de preocupación es el debilitamiento de los contrapesos democráticos, al concentrar en una sola institución las facultades para regular, interpretar y sancionar. A esto se añade la ambigüedad de conceptos como información plural, clara o respetuosa, que son altamente interpretables si no se delimitan con precisión, y la carga operativa que esta obligación representará para medios pequeños y radios comunitarias que hoy no cuentan con defensor de audiencias ni con estructuras jurídicas amplias.
San Luis Potosí no es ajeno al debate
Para San Luis Potosí este debate no resulta ajeno ni lejano. En los últimos meses, el estado fue escenario de una amplia discusión pública sobre los límites entre la regulación y la libertad de expresión, experiencia que evidenció la importancia de construir normas claras que protejan derechos sin generar incertidumbre para periodistas, comunicadores y ciudadanos. Por ello, el caso potosino se observa como un reflejo de lo que podría ocurrir a escala nacional si los lineamientos no logran equilibrar la protección de las audiencias con el respeto a las libertades fundamentales.
Ninguna regulación debe concentrar el poder
Ante este escenario, el diputado federal David Azuara Zúñiga advirtió que este proceso no puede convertirse en un nuevo paso hacia la concentración de poder ni poner en riesgo la libertad de expresión. El legislador panista señaló que su partido siempre ha respaldado los derechos de las audiencias, el derecho de réplica y las buenas prácticas periodísticas, pero dejó claro que ninguna regulación debe abrir la puerta para que una autoridad intervenga en los contenidos editoriales, limite el trabajo periodístico o debilite los contrapesos democráticos.
Además dijo que defender los derechos de las audiencias nunca puede significar limitar otra libertad, al subrayar que el reto es garantizar que las familias mexicanas reciban información libre, plural y oportuna, sin que ninguna autoridad se convierta en árbitro de la verdad; explicó que el debate no debe centrarse únicamente en los medios de comunicación, sino en el modelo institucional que se está construyendo.
Asimismo, hizo un llamado para que la consulta pública incorpore las opiniones de periodistas, especialistas, concesionarios, organizaciones de la sociedad civil y académicos, a fin de construir lineamientos que fortalezcan simultáneamente los derechos de las audiencias y las libertades fundamentales.
Finalmente mencionó que la mejor manera de combatir la desinformación no es concentrando más poder, sino garantizando más transparencia, más libertades y mejores contrapesos, porque cuando se debilita la libertad de expresión, quien pierde no son únicamente los medios de comunicación, pierde el derecho de las y los mexicanos a estar informados.
¿De qué se trata?
Se trata del anteproyecto denominado Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, puesto a consulta por la CRT del 27 de julio al 21 de agosto en el portal oficial del organismo; de acuerdo con lo informado por la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, es la primera ocasión en que se busca hacer accionables derechos que están reconocidos desde 2014 en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero que hasta ahora no contaban con un mecanismo efectivo para hacerlos valer.
La propuesta establece que las audiencias tienen derecho a recibir información veraz y oportuna, a que se diferencie claramente entre la información noticiosa y la opinión, y a que se distinga la publicidad del contenido editorial. Para garantizarlo, el proyecto obliga a todos los concesionarios de radio y televisión, tanto comerciales como públicos y sociales, a contar con un Código de Ética que incluya los derechos de las audiencias, a designar a una persona defensora imparcial e independiente y a establecer un procedimiento transparente para la atención de quejas, sugerencias y opiniones.
Bajo este esquema, cualquier persona que considere vulnerados sus derechos podrá acudir primero al defensor del medio y, en caso de no estar conforme con la respuesta, podrá escalar su inconformidad directamente ante la propia CRT, que podrá imponer sanciones si confirma la violación.
¿Por qué ha sido tan polémico?
La polémica radica en que la regulación toca directamente dos principios sensibles: la libertad de expresión y el nuevo modelo institucional surgido de la reforma en materia de telecomunicaciones. El argumento oficial es que se trata de reconocer a las audiencias como sujetos activos de la comunicación y no como simples receptoras de contenidos, garantizando el acceso a información plural, incluyente y respetuosa para la población en general, para las infancias y para personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, para sus críticos el problema está en quién y con qué criterios definirá qué es una información falsa, descontextualizada o presentada como actual cuando es histórica. La propuesta señala que los medios deben abstenerse de difundir ese tipo de contenidos, pero no precisa los parámetros de evaluación, lo que ha generado desconfianza en el gremio. A ello se suma que la CRT es la autoridad que sustituyó al extinto IFT y que ahora concentra un mayor número de atribuciones, por lo que cualquier intento de regular contenidos se percibe como un posible paso hacia la concentración de poder.
¿Qué dudas y riesgos advierten?
Entre las principales dudas que se han planteado está el riesgo de que una autoridad gubernamental se convierta en árbitro de la verdad y decida qué contenidos cumplen o no con el estándar de veracidad. También se advierte el riesgo de censura indirecta, ya que el temor a recibir una queja y una eventual sanción podría inhibir el trabajo periodístico y generar autocensura, especialmente en coberturas políticas, electorales y de seguridad.
Otro punto de preocupación es el debilitamiento de los contrapesos democráticos, al concentrar en una sola institución las facultades para regular, interpretar y sancionar. A esto se añade la ambigüedad de conceptos como información plural, clara o respetuosa, que son altamente interpretables si no se delimitan con precisión, y la carga operativa que esta obligación representará para medios pequeños y radios comunitarias que hoy no cuentan con defensor de audiencias ni con estructuras jurídicas amplias.
San Luis Potosí no es ajeno al debate
Para San Luis Potosí este debate no resulta ajeno ni lejano. En los últimos meses, el estado fue escenario de una amplia discusión pública sobre los límites entre la regulación y la libertad de expresión, experiencia que evidenció la importancia de construir normas claras que protejan derechos sin generar incertidumbre para periodistas, comunicadores y ciudadanos. Por ello, el caso potosino se observa como un reflejo de lo que podría ocurrir a escala nacional si los lineamientos no logran equilibrar la protección de las audiencias con el respeto a las libertades fundamentales.
Ninguna regulación debe concentrar el poder
Ante este escenario, el diputado federal David Azuara Zúñiga advirtió que este proceso no puede convertirse en un nuevo paso hacia la concentración de poder ni poner en riesgo la libertad de expresión. El legislador panista señaló que su partido siempre ha respaldado los derechos de las audiencias, el derecho de réplica y las buenas prácticas periodísticas, pero dejó claro que ninguna regulación debe abrir la puerta para que una autoridad intervenga en los contenidos editoriales, limite el trabajo periodístico o debilite los contrapesos democráticos.
Además dijo que defender los derechos de las audiencias nunca puede significar limitar otra libertad, al subrayar que el reto es garantizar que las familias mexicanas reciban información libre, plural y oportuna, sin que ninguna autoridad se convierta en árbitro de la verdad; explicó que el debate no debe centrarse únicamente en los medios de comunicación, sino en el modelo institucional que se está construyendo.
Asimismo, hizo un llamado para que la consulta pública incorpore las opiniones de periodistas, especialistas, concesionarios, organizaciones de la sociedad civil y académicos, a fin de construir lineamientos que fortalezcan simultáneamente los derechos de las audiencias y las libertades fundamentales.
Finalmente mencionó que la mejor manera de combatir la desinformación no es concentrando más poder, sino garantizando más transparencia, más libertades y mejores contrapesos, porque cuando se debilita la libertad de expresión, quien pierde no son únicamente los medios de comunicación, pierde el derecho de las y los mexicanos a estar informados.
