La Secretaría de Hacienda publicó nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero, entre las que se exige a bancos, sociedades financieras, uniones de crédito y demás sujetos obligados a adoptar un modelo basado en el nivel de riesgo de cada cliente y operación y dar avisos en 24 horas.
Entre los beneficios están una mayor certeza jurídica, mejor coordinación institucional y alineación con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) fueron publicadas el viernes en el Diario Oficial como parte de la implementación de las reformas de 2025 y 2026.
En ellas, la Secretaría identificó ayer 12 cambios principales al modelo.
Destacan el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), la clasificación de clientes, medidas para Personas Políticamente Expuestas, la identificación del beneficiario controlador y los avisos en un plazo de 24 horas.
También se establecen manuales de políticas internas; capacitación y selección de personal; auditorías; medidas para fideicomisos y otras figuras jurídicas; mecanismos automatizados de monitoreo; y notificaciones electrónicas.
El paquete incluye además disposiciones específicas para asociaciones y organizaciones sin fines de lucro.
Así quienes realizan actividades vulnerables deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes o usuarios, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas.
Las reglas entrarán en vigor en noviembre con un periodo de seis meses de capacitación para cumplirse totalmente en marzo de 2027.