La vinculación obligatoria de líneas móviles podría dejar a usuarios en riesgo de enfrentar investigaciones penales por delitos cometidos con sus números sin su consentimiento, ante la falta de reglas claras sobre la responsabilidad jurídica de los titulares.
Etzel Salinas, asociado senior del área de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT) de la firma legal Hogan Lovells Cadwalader, señaló que no existen reglas claras sobre la responsabilidad jurídica derivada del uso de cada número.
Agregó que, debido a ello, los usuarios enfrentan el riesgo de ser investigados o implicados en delitos graves cometidos con sus líneas sin su consentimiento.
En ese sentido, advirtió que las consecuencias más delicadas del padrón no se verán durante el proceso de registro actual, sino en los ámbitos penal y judicial en los próximos años.
Salinas indicó que el principal foco de vulnerabilidad para las personas físicas y morales radica en la falta de precisión regulatoria sobre la presunción de responsabilidad.
"De acuerdo con la normativa vigente, las fiscalías estatales y federales, así como los jueces, pueden requerir a los operadores telefónicos la identidad del titular registrado cuando una línea se encuentra involucrada en una investigación criminal", acotó.
Sin embargo, advirtió que la ley no contempla salvaguardas claras para los usuarios en casos de despojo o uso no autorizado de su dispositivo.
"El verdadero problema vendrá en uno, dos o tres años, con la interpretación que hagan los jueces y las fiscalías acerca de un acto cometido con un número celular", sentenció.
Por ejemplo, dijo, supongamos que a un usuario le roban la línea o el teléfono y, antes de que alcance a reportarlo, los delincuentes realizan una llamada de extorsión.