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Cargas fiscales y competencia desleal acorralan a la industria cementera en México
06 de Octubre 2026 | Agencias
La industria del cemento en México enfrenta un panorama complejo caracterizado por presiones tributarias, distorsiones en el comercio exterior y un incremento en el mercado informal de insumos para la construcción, factores que ponen en riesgo las inversiones en sostenibilidad y la competitividad del sector nacional.
Uno de los principales focos de tensión radica en la proliferación de impuestos ambientales a nivel estatal sobre la extracción y procesamiento de minerales. Desde la perspectiva del sector, estos tributos representan un sobrecosto productivo que inevitablemente impactará la cadena de valor y el precio final de las obras. Al respecto, José María Barroso, presidente de la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), alertó que esta carga fiscal amenaza con frenar las inversiones orientadas al uso de combustibles alternativos y al reciclaje de residuos industriales, pilares fundamentales en la estrategia de descarbonización del sector.
A nivel comercial, las productoras locales enfrentan una desventaja frente al flujo de clínker y cemento procedentes de Asia, los cuales ingresan al mercado mexicano con precios marcadamente inferiores, levantando cuestionamientos sobre la equidad en las condiciones de competencia y el cumplimiento de estándares normativos. Frente a esta coyuntura, la CANACEM ha entablado mesas de diálogo con la Secretaría de Economía con el objetivo de establecer mecanismos que equilibren la cancha comercial para la manufactura nacional.
Asimismo, la industria formal alertó sobre la propagación del "cemento huachicol", una modalidad de comercio ilegal en la que se rellenan sacos usados de marcas registradas con material adulterado o de dudosa procedencia. Comercializado a costos por debajo de la media del mercado, este producto atenta contra la estabilidad económica de las empresas regulares y representa un riesgo estructural severo para la edificación.
Para contrarrestar esta problemática, el gremio cementero impulsa que la normativa de calidad en la fabricación pase de ser un esquema voluntario a una regulación obligatoria, medida que garantizaría la trazabilidad del producto y blindaría tanto a desarrolladores como a consumidores finales.
Uno de los principales focos de tensión radica en la proliferación de impuestos ambientales a nivel estatal sobre la extracción y procesamiento de minerales. Desde la perspectiva del sector, estos tributos representan un sobrecosto productivo que inevitablemente impactará la cadena de valor y el precio final de las obras. Al respecto, José María Barroso, presidente de la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), alertó que esta carga fiscal amenaza con frenar las inversiones orientadas al uso de combustibles alternativos y al reciclaje de residuos industriales, pilares fundamentales en la estrategia de descarbonización del sector.
A nivel comercial, las productoras locales enfrentan una desventaja frente al flujo de clínker y cemento procedentes de Asia, los cuales ingresan al mercado mexicano con precios marcadamente inferiores, levantando cuestionamientos sobre la equidad en las condiciones de competencia y el cumplimiento de estándares normativos. Frente a esta coyuntura, la CANACEM ha entablado mesas de diálogo con la Secretaría de Economía con el objetivo de establecer mecanismos que equilibren la cancha comercial para la manufactura nacional.
Asimismo, la industria formal alertó sobre la propagación del "cemento huachicol", una modalidad de comercio ilegal en la que se rellenan sacos usados de marcas registradas con material adulterado o de dudosa procedencia. Comercializado a costos por debajo de la media del mercado, este producto atenta contra la estabilidad económica de las empresas regulares y representa un riesgo estructural severo para la edificación.
Para contrarrestar esta problemática, el gremio cementero impulsa que la normativa de calidad en la fabricación pase de ser un esquema voluntario a una regulación obligatoria, medida que garantizaría la trazabilidad del producto y blindaría tanto a desarrolladores como a consumidores finales.
