Será confianza clave en Plan de Inversión

La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar se perfila como el eje del Plan de Inversión 2026-2030, que proyecta una derrama de 5.6 billones de pesos; sin embargo, su éxito dependerá de un factor clave: la confianza del sector privado, advirtieron especialistas.

La legislación, aprobada recientemente por el Senado, establece que el Estado mantendrá la rectoría en sectores estratégicos, pero permitirá la participación del sector privado mediante contratos de largo plazo que podrán extenderse hasta por 40 años.

El objetivo es acelerar la ejecución de obras en áreas prioritarias. El sector energético concentrará 54 por ciento de la inversión prevista, seguido del ferroviario con 16 por ciento y el carretero con 14 por ciento, de acuerdo con el plan.

Gerardo Herrera, experto en negocios de la Universidad Iberoamericana, señaló que la confianza empresarial se ha deteriorado en los últimos años, lo que ha impactado directamente en los niveles de inversión.

Advirtió que, si bien la nueva ley busca subsanar esa caída y generar certidumbre jurídica, por ahora se mantiene en el terreno de los anuncios.

 "A los anuncios se los lleva el viento, así como el anuncio de la inversión de 5 mil millones de dólares para la "Gigafactory" de Tesla en México. Los anuncios son un primer paso, pero no son un proyecto andando", mencionó. 

En ese sentido, subrayó que la materialización de los proyectos dependerá de que exista voluntad política para aterrizar las inversiones y de que se generen condiciones reales de ejecución.

"La clave fundamental para la Ley y el plan de inversión no es económica, es confianza y el segundo, invertir bien", comentó. 

El especialista también alertó sobre la presión que enfrentan las finanzas públicas, lo que podría limitar la capacidad del Estado para detonar proyectos y, al mismo tiempo, restringir la participación mayoritaria del sector privado.

Además, indicó que aún no existe claridad operativa sobre la implementación de la ley, lo que podría convertirse en un freno adicional para los inversionistas.

"Invertir mucho no es invertir bien, ya lo vimos con los proyectos emblemáticos de la Administración de Andrés Manuel López Obrador que no están dando resultados, y no están generando retornos sobre inversión, como ejemplo el Tren Maya", señaló. 

Herrera criticó que se continúen destinando recursos a trenes de pasajeros, pese a que se ha observado que no son rentables.

En ese sentido, subrayó la necesidad de evaluar cuidadosamente en qué proyectos de infraestructura se invertirá, a fin de priorizar obras productivas que permitan aprovechar el fenómeno del nearshoring.

Ante ello, consideró que es necesario priorizar obras productivas como el acceso a agua o el desarrollo de tecnologías aplicadas a procesos productivos.

"También debería haber proyectos sobre Inteligencia Artificial para procesos productivos y no están en el mapa de las iniciativas gubernamentales", externó. 

Por último, mencionó que la creación del Consejo de Planeación Estratégica habrá que ver cómo queda constituido porque se corre el riesgo de mucha centralización y discrecionalidad.

Por su parte, Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),comentó que el sector ve una expectativa positiva, pues consideran que la ley representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado.

No obstante, indicó que los constructores ven como oportunidades el fortalecimiento del Consejo de Planeación Estratégica, donde actualmente no se contempla la participación directa del sector empresarial ni académico.

Explicó que, si bien el Consejo actualmente está conformado por dependencias públicas como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de la Función Pública, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Secretaría de Marina (Semar), entre otras, no contempla la participación del sector empresarial ni académico.

"Ahí se está definiendo el futuro de los proyectos, por eso planteamos que la participación del sector privado y de las áreas técnicas, que construyen día a día, esté incluida. De esta manera, se podrá generar un banco de proyectos que trascienda los periodos sexenales", explicó.

El líder empresarial propuso la creación de un Instituto de Planeación de Infraestructura que incorpore a actores como la academia, colegios de profesionistas, cámaras industriales y banca privada, con el fin de mejorar el diseño y la continuidad de los proyectos.

Otra oportunidad, señaló,  es robustecer la base de datos de infraestructura estratégica, es decir, evolucionar más hacia un sistema nacional de infraestructura, ese sería otro punto para nosotros importante. 

Asimismo, la CMIC considera fundamental incorporar de manera más explícita la gestión de pasivos contingentes, incluyendo su identificación, cuantificación, registro, seguimiento de garantías, así como las obligaciones y compromisos de pago a futuro.

Esto, explicó, permitiría que los proyectos no queden limitados a esquemas que solo garanticen flujos por un periodo de cinco años.

"Son detalles que vemos como áreas de oportunidad y creemos que en la reglamentación podemos seguir aportando", apuntó.

Finalmente, Méndez Jaled destacó que México debería invertir alrededor de 4 por ciento del Producto Interno Bruto en infraestructura, frente al nivel actual de 2.5 por ciento. Reiteró que el sector mantiene una perspectiva positiva respecto al cumplimiento de las metas de inversión planteadas.