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Denuncian desalojo violento de comunidades Náhuatl y Tének en La Peña
09 de Junio 2026 | Alicia Limón | Plano Informativo
Xilitla, SLP. – Un ambiente de alta tensión y vulnerabilidad se vive en la localidad de La Peña, luego de que la mañana de este martes se desplegara un operativo con el uso de la fuerza pública para desalojar a decenas de familias de las etnias Náhuatl y Tének que habitaban en dicha zona desde hace más de tres décadas.
De acuerdo con testimonios de los afectados, la intervención de diversas corporaciones de seguridad se ejecutó de manera sorpresiva y presuntamente con violencia. Habitantes y activistas de la región Huasteca denunciaron que la acción policial se realizó a pesar de que actualmente se mantenían mesas de diálogo activas con el Gobierno del Estado para alcanzar un acuerdo conciliatorio y pacífico entre las partes en conflicto.
La irrupción de los elementos policiacos provocó momentos de pánico entre la población, afectando principalmente a un sector vulnerable compuesto por niños, niñas, adultos mayores y personas enfermas, quienes vieron interrumpido su entorno tras más de 30 años de arraigo en el lugar.
Representantes de las comunidades originarias manifestaron su indignación ante lo que calificaron como una "profunda ofensa", señalando que los habitantes siempre apostaron por la vía institucional y el diálogo para evitar confrontaciones. Sin embargo, ante el avance del operativo y la pérdida de sus patrimonios, la situación estuvo a punto de salir de control cuando algunos pobladores recurrieron al uso de machetes en un intento por defender sus tierras.
Tras consumarse el desalojo, los inconformes levantaron la voz para exigir a las autoridades estatales y federales el respeto irrestricto al estado de derecho y a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Asimismo, urgieron la intervención de organismos humanitarios debido a que decenas de familias han quedado en una situación de total desamparo, sin un refugio seguro donde pasar la noche ni garantías para la atención de sus enfermos y adultos mayores.
De acuerdo con testimonios de los afectados, la intervención de diversas corporaciones de seguridad se ejecutó de manera sorpresiva y presuntamente con violencia. Habitantes y activistas de la región Huasteca denunciaron que la acción policial se realizó a pesar de que actualmente se mantenían mesas de diálogo activas con el Gobierno del Estado para alcanzar un acuerdo conciliatorio y pacífico entre las partes en conflicto.
La irrupción de los elementos policiacos provocó momentos de pánico entre la población, afectando principalmente a un sector vulnerable compuesto por niños, niñas, adultos mayores y personas enfermas, quienes vieron interrumpido su entorno tras más de 30 años de arraigo en el lugar.
Representantes de las comunidades originarias manifestaron su indignación ante lo que calificaron como una "profunda ofensa", señalando que los habitantes siempre apostaron por la vía institucional y el diálogo para evitar confrontaciones. Sin embargo, ante el avance del operativo y la pérdida de sus patrimonios, la situación estuvo a punto de salir de control cuando algunos pobladores recurrieron al uso de machetes en un intento por defender sus tierras.
Tras consumarse el desalojo, los inconformes levantaron la voz para exigir a las autoridades estatales y federales el respeto irrestricto al estado de derecho y a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Asimismo, urgieron la intervención de organismos humanitarios debido a que decenas de familias han quedado en una situación de total desamparo, sin un refugio seguro donde pasar la noche ni garantías para la atención de sus enfermos y adultos mayores.
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