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‘Ley Santi’ busca romper más de un año de rezago legislativo
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09 de Junio 2026 | Jorge Torres
San Luis Potosí, SLP.- Con el respaldo del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, dependencias estatales, universidades y legisladores, este martes se entregó al Congreso del Estado la llamada “Ley Santi 2.0”, una nueva versión de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que busca romper con más de un año de rezago legislativo; es hecho inédito ya que es la primera vez en México que ciudadanos, gobierno, academia y diputados presentan una propuesta de esta naturaleza.
A diferencia del primer proyecto, promovido solo por colectivos y activistas, esta iniciativa fue construida en mesas de trabajo con áreas operativas del Gobierno del Estado para asegurar su viabilidad; al respecto el activista Roberto Josué Rodríguez Santiago indicó que el documento se pulió durante más de un año con secretarías, academia y diputados para definir con claridad atribuciones, recursos y alcances.
Uno de los cambios centrales es la creación de un Observatorio de Movilidad que funcionará como asesoría del Sistema Estatal de Movilidad, junto con los comités ya existentes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); la académica Ivonne Aguayo Huerta explicó que el objetivo es abrir un canal permanente para que las propuestas de la sociedad se analicen dentro del sistema estatal de movilidad.
La iniciativa también plantea protocolos específicos para atender a víctimas de siniestros viales y establece mecanismos de coordinación entre Cruz Roja, Protección Civil, autoridades estatales y municipales; Rodríguez Santiago apuntó que se busca crear rutas claras de atención y denuncia para víctimas y familiares, articuladas además con la Ley Estatal de Víctimas.
El proyecto adopta el enfoque de “sistemas seguros”, que traslada la responsabilidad de la seguridad vial más allá de la conducta individual; en este sentido, Víctor Hernández, de Pedaleando SLP, detalló que se incorporan medidas de infraestructura segura, diseño de vehículos orientado a la protección de personas, gestión de velocidades y políticas públicas para reducir riesgos; además se habla de un sistema estatal de seguridad vial para ordenar competencias, y con ello atender la dispersión de facultades entre municipios y dependencias.
Cabe destacar que aunque los impulsores aseguran que la propuesta llega con mayor fortaleza institucional, aún faltan etapas clave, entre ellas, las consultas a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades originarias, tema que antes fue usado para justificar la demora del dictamen anterior. El Congreso deberá dictaminar está iniciativa antes de que venza el plazo fijado por el Tribunal Electoral del Estado, que son tres meses.
A diferencia del primer proyecto, promovido solo por colectivos y activistas, esta iniciativa fue construida en mesas de trabajo con áreas operativas del Gobierno del Estado para asegurar su viabilidad; al respecto el activista Roberto Josué Rodríguez Santiago indicó que el documento se pulió durante más de un año con secretarías, academia y diputados para definir con claridad atribuciones, recursos y alcances.
Uno de los cambios centrales es la creación de un Observatorio de Movilidad que funcionará como asesoría del Sistema Estatal de Movilidad, junto con los comités ya existentes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); la académica Ivonne Aguayo Huerta explicó que el objetivo es abrir un canal permanente para que las propuestas de la sociedad se analicen dentro del sistema estatal de movilidad.
La iniciativa también plantea protocolos específicos para atender a víctimas de siniestros viales y establece mecanismos de coordinación entre Cruz Roja, Protección Civil, autoridades estatales y municipales; Rodríguez Santiago apuntó que se busca crear rutas claras de atención y denuncia para víctimas y familiares, articuladas además con la Ley Estatal de Víctimas.
El proyecto adopta el enfoque de “sistemas seguros”, que traslada la responsabilidad de la seguridad vial más allá de la conducta individual; en este sentido, Víctor Hernández, de Pedaleando SLP, detalló que se incorporan medidas de infraestructura segura, diseño de vehículos orientado a la protección de personas, gestión de velocidades y políticas públicas para reducir riesgos; además se habla de un sistema estatal de seguridad vial para ordenar competencias, y con ello atender la dispersión de facultades entre municipios y dependencias.
Cabe destacar que aunque los impulsores aseguran que la propuesta llega con mayor fortaleza institucional, aún faltan etapas clave, entre ellas, las consultas a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades originarias, tema que antes fue usado para justificar la demora del dictamen anterior. El Congreso deberá dictaminar está iniciativa antes de que venza el plazo fijado por el Tribunal Electoral del Estado, que son tres meses.
