Jueves 16 de Julio de 2026

Gobernador firma iniciativa para derogar la ‘Ley Serrano’

San Luis Potosí, SLP.- En el marco del Primer Encuentro por la Innovación y los Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, firmó la iniciativa para derogar la denominada “Ley Serrano”, con el propósito de impulsar una nueva legislación que priorice la protección de los derechos humanos, la libertad de expresión y la dignidad de las personas frente al uso de la Inteligencia Artificial.

 

El documento fue entregado a la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, diputada Ma. Sara Rocha Medina, durante un acto celebrado en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, al que asistieron representantes de los tres Poderes del Estado, integrantes de medios de comunicación, abogados, organismos descentralizados, académicos y especialistas en la materia.

 

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el marco jurídico estatal para regular el uso de la Inteligencia Artificial, pero evitando disposiciones de carácter punitivo que puedan vulnerar derechos fundamentales, particularmente la libertad de expresión.

 

En su mensaje, el mandatario reiteró su compromiso de mantener abiertas las mesas de diálogo con especialistas, legisladores y sectores involucrados para construir una nueva legislación que establezca reglas claras sobre el uso responsable de la Inteligencia Artificial, garantizando en todo momento el respeto a la dignidad humana.

 

 “La regulación debe responder a los retos tecnológicos actuales sin criminalizar la expresión de las personas, privilegiando siempre los derechos humanos”, fue el planteamiento central expuesto durante el encuentro.

 

La denominada “Ley Serrano” corresponde a una reforma al Código Penal del Estado que contempla sanciones de hasta seis años de prisión para quienes utilicen herramientas de Inteligencia Artificial con el propósito de generar alarma social o alterar el orden público. La propuesta del Ejecutivo busca dejar sin efectos dicha disposición y abrir un proceso de construcción de un nuevo marco legal con la participación de expertos y la sociedad civil.

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