Viernes 11 de Septiembre de 2026

Advierten resistencia civil y abandono del 40% de tierras agrícolas para 2030

Rioverde, SLP.- Productores agrícolas y ganaderos adheridos a la Confederación Agropecuaria de México en San Luis Potosí hicieron un llamado urgente al Gobierno Federal para atender la crisis estructural que enfrenta el sector rural. De no recibir respuestas concretas, advirtieron que incrementarán las manifestaciones y acciones de resistencia civil en todo el país.

 

Representantes del gremio enfatizaron que la demanda central no radica en la entrega de subsidios asistenciales ni programas sociales, sino en la creación de un marco jurídico de certeza comercial que garantice precios justos para sus cosechas, permitiendo recuperar los costos de inversión y devolviendo la rentabilidad a la actividad agrícola.

 

Los integrantes de la organización manifestaron el agotamiento de los productores ante las mesas de diálogo estériles con las autoridades federales, recordando que el histórico bloqueo carretero nacional de noviembre de 2025 no rindió los frutos esperados.

 

"Los productores estamos cansados de reuniones, firmas de minutas y de peregrinar por el país en foros y conferencias sin recibir soluciones reales", señalaron voceros de la organización.

 

Muestra de la escalada en el conflicto son las recientes movilizaciones y bloqueos carreteros registrados esta semana en estados colindantes como Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Guanajuato, como parte de una jornada de lucha que se ha prolongado desde 2024.

 

Actualmente cerca del 20% de la superficie agrícola en el país se encuentra completamente en el abandono. Y se prevé que hasta el 40% de tierras agrícolas queden abandonadas para 2030-2035. Debido a la falta de rentabilidad y la competencia desleal por importaciones sin regulación estricta ya muestra consecuencias alarmantes:

 

Para evitar el colapso del sector productivo, la Confederación Agropecuaria instó al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal a endurecer el marco legal y las reglas sanitarias y arancelarias para la importación de alimentos a México, protegiendo a los productores nacionales frente a insumos extranjeros subvencionados que devalúan la producción local.

 

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