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Reforma fortalece derecho a no discriminación y participación social de jóvenes
24 de Septiembre 2026 | Plano Informativo
San Luis Potosí, SLP.- A propuesta de la diputada Sara Rocha Medina, el Congreso del Estado aprobó reformar la Ley de la Persona Joven Para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, a fin de establecer el reconocimiento por parte del Estado, del derecho a la igualdad, la no discriminación y la participación social de las personas jóvenes.
También declara el compromiso de impulsar políticas que aseguren la equidad sin distinción de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana en el marco de la igualdad de oportunidades y ejercicio de derechos.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que con esta reforma, se busca incluir de manera precisa, las obligaciones que tiene el Estado para con las y los jóvenes, y el deber de tomar en cuenta sus aptitudes y su vocación, y así coadyuvar con su desarrollo profesional y personal, por lo cual, es necesario que el estado reconozca esos derechos y declare el compromiso de impulsar políticas que aseguren y den continuidad con el principio de igualdad y no discriminación.
Así mismo, los derechos sociales marcan las obligaciones del estado con los grupos vulnerables que necesitan protección adicional. Por ello, es necesario reconocer a las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad, como aquellas que se encuentran en circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico, condición migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.
Por ello, el Estado sin distinción, tiene el compromiso de impulsar políticas que aseguren la equidad en el marco de la igualdad de oportunidades y ejercicio de derechos.
También declara el compromiso de impulsar políticas que aseguren la equidad sin distinción de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana en el marco de la igualdad de oportunidades y ejercicio de derechos.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que con esta reforma, se busca incluir de manera precisa, las obligaciones que tiene el Estado para con las y los jóvenes, y el deber de tomar en cuenta sus aptitudes y su vocación, y así coadyuvar con su desarrollo profesional y personal, por lo cual, es necesario que el estado reconozca esos derechos y declare el compromiso de impulsar políticas que aseguren y den continuidad con el principio de igualdad y no discriminación.
Así mismo, los derechos sociales marcan las obligaciones del estado con los grupos vulnerables que necesitan protección adicional. Por ello, es necesario reconocer a las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad, como aquellas que se encuentran en circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico, condición migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.
Por ello, el Estado sin distinción, tiene el compromiso de impulsar políticas que aseguren la equidad en el marco de la igualdad de oportunidades y ejercicio de derechos.
